Cuando un policía nacional agrede, hiere o mata a un ciudadano, él o sus familiares acusan a la institución y esta se ve obligada, al menos, a decir algo: expresan públicamente  su decisión de investigar el hecho y castigar al/los responsables. Algunas veces los crímenes salen a la luz y hay sanciones (caso Guañuna) Otras, el peso político de quienes están detrás de los criminales es grande y estos, rodeados de impunidad regresan a filas con bendición incluida (caso Fybeca). Empiezan entonces a funcionar otros mecanismos: agotadas las instancias de justicia nacionales, se apela a la Corte Interamericana de DDHH, que al final resuelve que los crímenes de la fuerza pública o la inacción de la justicia  son responsabilidad del Estado y este debe responder, a veces, con indemnizaciones (caso Tibi).

“Julia”, de acuerdo a su denuncia, fue violada por un guardia de la compañía Arseg en la estación La Atarazana del servicio de transporte  Metrovía. Arseg fue contratada por el Municipio de Guayaquil para vigilancia y control de las estaciones de la Fundación Metrovía.  Ni Arseg, ni la Fundación han querido hacerse cargo en lo más mínimo del hecho. Tampoco el Municipio.

Arseg y Metrovía ofrecieron su abogado a "Julia". Tal generosidad, sin embargo, tiene que ver más con evitar el escándalo que con una clara intención de asumir responsabilidades, al fin y al cabo el hecho sucedió en el interior de una estación de un servicio público manejado por una fundación privada,  que se vende como eficiente, seguro.

En Guayaquil, donde no existe una tradición de servicios públicos de calidad, el estado local (el Municipio) ha delegado sus responsabilidades al sector privado, sin debate alguno. Sobre esos servicios se ha construido una opinión de eficiencia y calidad.

Este caso evidencia fallas de un sistema de transporte, pero también desnuda las maneras en que la articulación de intereses empresariales y políticos responde a situaciones como la descrita: lo importante es mantener la buena imagen del servicio, no los individuos afectados. De esta manera para el Municipio el caso de "Julia" es solo cuestión de cambiar la compañía de seguridad, para Metrovía  poner cámaras en las estaciones, y seguro para Arseg, despedir al guardia. Entre tanto, "Julia" espera por una reparación que no vendrá de buen agrado de ninguno de estos actores corporativos.