Luego de la marcha de Radio Sucre emergió en el discurso de algunos medios la idea de la politización de la seguridad en Guayaquil: el gobierno y las élites de la ciudad se han enzarzado en una disputa sobre la dirección de las políticas de seguridad debilitando los esfuerzos policiales. Cuando en la opinión pública se menciona que algún ámbito de la institucionalidad o servicio se ha politizado, la connotación es siempre negativa, por ejemplo, la politización de la justicia. Desde la visión de la sociedad, que en parte es la de los medios, la politización implica que el desarrollo de los servicios se vea limitado porque el criterio técnico se subordina a la conveniencia del poder. Se llega a identificar la politización de los ámbitos a partir de la pertenencia de los individuos a los partidos. Esa es la manera tradicional de hacer política en las instituciones. ¿Sucede eso en Guayaquil a propósito de la seguridad? ¿Es un fenómeno provocado por este gobierno?

La seguridad ha sido un problema político siempre. No en esta en ciudad, ni en este país, sino en esta época. La seguridad es un discurso y una práctica en permanente construcción y crecimiento, que justifica la restricción de los derechos ciudadanos: desde la circulación hasta la protesta, pasando por la ocupación del espacio público. Por eso es un asunto político de entrada y no de ahora en Guayaquil. La politización de la seguridad se torna evidente cuando en el 2000, el PSC introduce el tema en la campaña electoral para la alcaldía. El hecho, sin embargo, esta más allá de la identificación de un partido con el tema. Tiene que ver con la consolidación de la ideología de las élites en ese ámbito también: es la eficiencia de lo privado representado en la CSCG frente a la ineficiencia de lo público estatal serrano, presente en la policía. Y esto tiene efectos sobre las percepciones e inclinaciones políticas de la gente.

Luego no hay por qué alarmarse frente a esta politización, más bien hay que empezar a cuestionar al poder local en torno a las razones para mantener un ente que, luego de perder su función, se dedica a realizar publicaciones en tono alarmista, todavía mantiene el control de las cámaras de videovigilancia e invertirá recursos en una mega central de emergencias que nace con nueva disputa incluida: la lucha por el 101 o el 911.