• 07 Oct 2013
  • Economía
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  • El proyecto de ley contempla la participación de las pymes en la bolsa de valores

    Las reformas al sector bursátil, a segundo debate

    El informe señala que las personas naturales o jurídicas, que por transferencias realizadas en el Mercado de Valores tengan el 10% o más del capital de una sociedad, deberán notificar del particular en el término de 24 horas

    La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto, que será tramitado en la Asamblea Nacional. Foto: Fernando Sandoval | El Telégrafo
    La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto, que será tramitado en la Asamblea Nacional. Foto: Fernando Sandoval | El Telégrafo

    Redacción Economía

    Lograr que las empresas tengan el financiamiento oportuno que satisfaga sus necesidades para poder desarrollarse, es uno de los objetivos del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

    La propuesta gubernamental fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario del Parlamento, quienes elaboraron el informe para segundo debate.

    Cambios beneficiosos

    El presidente del organismo legislativo, Oswaldo Larriva, señaló que dentro de los principios rectores del Mercado de Valores se incorpora el “in dubio pro inversionista”, es decir, que en caso de cualquier duda acerca de la aplicación o el alcance de las disposiciones de esta normativa, se ajustará a lo que más favorezca al inversionista.

    En el documento se otorga también la facultad a la Superintendencia de Compañías y Valores, de suscribir convenios de cooperación con otros organismos nacionales e internacionales de conformidad con lo establecido en la Constitución.

     

    En la normativa, las bolsas de valores se transformarán de corporaciones civiles a sociedades anónimas

    Además, se aclara que el organismo de control podrá investigar, de oficio o a petición de parte, las infracciones que se cometan a la ley, y podrá receptar versiones voluntarias de personas jurídicas o naturales que sirvan para esclarecer los hechos en un proceso de investigación.

    El informe establece que las personas naturales o jurídicas, que por las transferencias realizadas en el mercado de valores lleguen a tener el 10% o más del capital de una sociedad inscrita en el Registro de Mercado de Valores, deberán notificar del particular a las bolsas de valores en el término de 24 horas.

    En tanto, las bolsas de valores que pasarán a ser sociedades anónimas están obligadas a que su capital suscrito y pagado al momento de su constitución debe ser fijado por la Junta de Regulación del Mercado de Valores.

    Mónica Villagómez, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), manifestó que la transformación de las bolsas de valores, de corporaciones civiles a sociedades anónimas, beneficia al país.

    “Estamos conscientes de que ser sociedades anónimas implica un cambio importante en cuanto al aspecto tributario, porque actualmente somos corporaciones sin fines de lucro que reinvertimos las utilidades y no pagamos impuestos”, explicó.

    La titular de la BVQ sostuvo que el proyecto aporta a la transparencia del sector bursátil y el Mercado de Valores, a la generación de información simétrica y oportuna, a la buena gobernanza corporativa, a la protección del inversionista y al amparo de la confianza pública.

    En la propuesta de los asambleístas se mantiene la figura de los fideicomisos de garantía, respecto a los bienes inmuebles, mientras que se eliminan los de los bienes muebles. A su vez prevalece la titularización, y se incluye resguardos y normas de calificación de riesgos, con el fin de que el inversor tenga mayor claridad y seguridad en su inversión.

    Con respecto a la titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas, el informe aprobado mantiene la garantía adicional únicamente en este tipo de trámites, y no en el resto que se encuentra permitido por la ley.

    Otra innovación en el proyecto de ley es que se permite que las Casas de Valores puedan administrar portafolios de varios comités.

    César Morales, presidente del directorio de la Asociación de Casas de Valores (Asocaval), manifestó que uno de los elementos importantes es el impulso a la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Con la nueva normativa planteada, todas estas empresas, que de alguna manera han visto lejano el Mercado de Valores, son incluidas, porque se les creará mercados particulares para que participen, sin descuidar la protección al inversionista”, subrayó Morales.

    La propuesta mantiene la figura de los fideicomisos de garantía, respecto a los bienes inmuebles

    Puntualizó que algo esencial es que se promueve la inversión extranjera, pues los capitales foráneos que se inviertan a través de bolsa, en títulos de más de un año, tienen una exoneración a la Ley de Mercado de Valores”, precisó.

    En la propuesta, que está en manos del Legislativo, se señala que la Superintendencia de Compañías y Valores tiene la obligación de realizar una evaluación a las calificadoras de riesgo y deberá publicar los resultados.

    Por otro lado, obligatoriamente deberá auditar dichas calificaciones, sobre todo cuando existan dos notas con variaciones evidentes sobre una misma emisión.

    La Junta de Regulación de Mercado de Valores fue creada como un organismo de derecho público perteneciente a la Función Ejecutiva para establecer la política pública del Mercado de Valores y dictar las normas para su funcionamiento y control en concordancia con la Constitución.

    “En caso de que las bolsas de valores del país no cumplan con las facultades otorgadas por la ley será potestad de la Junta de Regulación del Mercado de Valores disponer la creación de una Bolsa de Valores Pública”, señala el proyecto.

    Así también, se crea dentro del mercado bursátil el Registro Especial Bursátil (REB) como un segmento permanente del mercado bursátil en el cual se negociarán únicamente valores de las pequeñas y medianas empresas y de las organizaciones de la economía popular y solidaria.