Aunque cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral, lo hacen en condiciones desfavorables en comparación con los hombres. Así lo indica el estudio “Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”.

El informe, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se enfoca en la realidad latinoamericana, donde existen 100 millones de mujeres trabajadoras.

Este número equivale al 52% de las mujeres de la región. Se calcula que este procentaje, en cuestión de años, aumentará al 70%.

Pero ocurre que “las mujeres han logrado acceder a más empleos, pero de cuestionable calidad. La proporción de trabajadoras que están en la informalidad es mayor a la de los hombres, lo que agrega una asimetría adicional a las condiciones de género”, reza el documento.

Y esa es una realidad que se reproduce en Ecuador. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo de junio de 2008, realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 45,37% de la Población Económicamente Activa (PEA) masculina está subempleada. Esta cifra se eleva al 56,65% cuando se trata de mujeres.

“Esto ocasiona que la mujer no tenga los beneficios de ley, como seguridad social o estabilidad laboral”, precisan la PNUD y la OIT.

Elizabeth García, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) y especialista en temas de equidad de género, dice que esa condición en la que están ellas se da por los estereotipos imperantes en la sociedad.

“Es como si las mujeres llevaran las actividades que hacen en la casa a la calle. Colocan sus puestos de comida y venden en las aceras. Así se convierten en informales”, explica la académica.

Por eso ellas acceden más rápido al sector informal, “hacen lo que siempre han hecho. Pero en vez de cocinar para su familia, ahora preparan alimentos para los clientes”.

Kenia Molina, vendedora informal que expende ropa interior en la esquina de 6 de Marzo y 10 de Agosto (Mercado Central de Guayaquil), es una muestra de eso.

100'000.000 de mujeres en Latinoamérica trabajan, de acuerdo al informe del PNUD y la OIT

“Yo nací vendedora, mi abuela vendía ‘come y bebe’ en el antiguo Pedro Pablo Gómez, luego mi madre inició la venta de ropa y hoy yo continúo”, cuenta Kenia.

Ella es madre soltera, tiene dos hijos y está embarazada de un tercero. Vive en Durán con sus vástagos a quienes todos los días lleva a su puesto de trabajo.

“No tengo con quién dejarlos, no hay plata para niñeras, y la guardería que queda cerca de mi casa cuesta 4 dólares diarios, que no poseo”, se queja.

Su condición de mujer la obliga a enfrentarse a problemas que no tienen sus compañeros: “Vienen los municipales y para que no nos lleven la mercadería nos piden que salgamos con ellos. Como nos ven mujeres solas se aprovechan”, denuncia.

César Espinoza, dirigente de los comerciantes autónomos apostados en los alrededores del Mercado Central, reconoce la desventaja.

Indica que alrededor del 60% de las afiliadas a la Asociación de Comerciantes Vendedores Informales son mujeres. “Lamentablemente las compañeras no denuncian por vergüenza los vejámenes que sufren”, explica.

Cuando se le pregunta por qué hay más mujeres que hombres en su gremio, responde que “es porque la pobreza las obliga a salir a trabajar. No tienen otra alternativa”.

García coincide con esta opinión. Ella dice que pareciera que la incorporación de la mujer al mercado laboral fuera un avance, pero hay que analizar las condiciones en las que se da.

El informe de los organismos adscritos a la ONU critica que otro factor negativo del trabajo de las mujeres en el hemisferio es que la inserción laboral femenina no modifica la percepción de que las mujeres deben desempeñar las labores domésticas.

 “Al añadir las horas de trabajo no remunerado, la jornada total de trabajo es mucho más extensa para las mujeres que para los hombres. Ellas siempre son responsables de las tareas domésticas, sean amas de casa o trabajen remuneradamente”.

Es lo que García denomina la “doble carga”. Asegura que las mujeres trabajadoras regresan a sus casas a dedicarse a las labores domésticas, “el reparto del trabajo es inequitativo y eso ocurre porque las labores del hogar son vistas como algo exclusivo para la madre de familia”.

Y el informe agrega que esto crea relaciones tensas dentro del hogar.

Como solución se plantea que el Estado proteja a las mujeres mediante la creación de oportunidades y sistemas de protección, por ejemplo, guarderías para sus hijos.

García dice que hay avances, pero se necesita que hayan programas de acción afirmativa. “Hay iniciativas aisladas, por ejemplo diversas ONG  entregan microcréditos, pero se requiere que esto sea de forma generalizada”, sostiene.

Actualmente, en la Comisión Legislativa se tramita el proyecto de ley del comerciante minorista, que ya fue aprobado en primer debate. El cuerpo legal establece derecho para los informales y su reconocimiento, ordena al IESS afiliar a los vendedores y prohíbe la confiscación de sus mercancías. Además, se ordena al Estado crear medidas de protección.

Este diario intentó obtener una reacción por parte del Ministerio de Trabajo, pero su oficina de comunicación no respondió el cuestionario enviado.