La tendencia que se marca en las fiscalías de Asuntos Indígenas es la que tiene que ver con la violencia. De las 367 denuncias que recibieron los agentes, 125 corresponden a lesiones. Es decir casi la tercera parte del total.

Según los funcionarios de las dependencias, esas lesiones se dan por los enfrentamientos entre los miembros de las comunidades. “Luego de golpearse vienen a denunciar”, dice el secretario de la Fiscalía de Guamote.

La violación se ubica en segundo lugar. Hay un reporte de 76. Las autoridades señalan que en muchos casos estas responden a factores de la idiosincrasia en  las familias. “Hay padres que entregan sus hijas menores de edad a comuneros mayores, que tienen dinero para mantenerlas”, comenta José Nango, quien añade que los agentes instruyen a los indígenas sobre lo que dice la ley esos casos.

El robo ocupa el tercer lugar, con 29 denuncias en total. Este se da, principalmente, en las zonas urbanas. La intimidación, que es frecuente cuando se dan las peleas, reporta 28 casos.   Estas son las principales quejas interpuestas desde que se abrieron las fiscalías, es decir, en los primeros seis meses.

Para atender este tipo de casos, cuando no se solucionen estos problemas en las fiscalías Indígenas, el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos (Codenpe), tiene en mente un proyecto que busca la integración de jueces que atiendan las causas de los miembros de este colectivo humano.

Lourdes Tibán, secretaria ejecutiva nacional del Codenpe, comenta que pretenden que haya personal capacitado en los juzgados -autoridades que hablen kichwa- para que continúen el proceso de la misma manera en que se lo ha manejado en las Fiscalías de Asuntos Indígenas. “No nos referimos a jueces que necesariamente tengan que ser indígenas, pueden ser mestizos, lo importante es que entiendan el kichwa y la cultura de los indígenas”, aclara.

Para ella la creación de las fiscalías es el primer gran paso para los indígenas en el tema de la justicia  y agrega que continuarán trabajando para su desarrollo.