El Telégrafo | Noticia

Según datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), en el país existen, aproximadamente, 12 mil trabajadoras sexuales, pero de acuerdo con cifras de un estudio de la Fundación Esperanza, en el Ecuador hay unas 20 mil trabajadoras sexuales, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido al riesgo de contagio de enfermedades y agresiones que pueden recibir durante su trabajo y por no tener un eficiente acceso a la salud.

Ya sean regulares o irregulares, este grupo se enfrenta a una mayor situación de vulnerabilidad cuando no conoce su derecho a atenderse regularmente en los centros de salud pública, para evitar contagios. Como una manera de prevención y para atender de manera eficiente a este sector, el MSP implementó este año un programa normativo de los procedimientos de atención en salud y educación para las trabajadoras sexuales del país.

María Elena Rojas, jefa del Programa Nacional de VIH-Sida e ITS, del MSP, comenta que el tema del trabajo sexual ha sido un problema de salud nacional, ya que hace poco tiempo, en cada provincia se manejaba un diferente carné, un distinto modelo de atención y tratamiento de enfermedades. Es decir, no se hacía un trabajo preventivo, sino que se limitaba a curar; incluso en algunos centros de salud los funcionarios pedían a las trabajadoras traer sus propios implementos, como guantes, gasas y desinfectantes.

Por eso desde hace tres meses el programa del MSP está en curso a nivel nacional y atiende a las trabajadoras sexuales en dos áreas: Atención en salud y educación, y la prevención del contagio vertical del VIH-Sida e ITS. Además, en el 2009 el MSP se reunirá con 80 organizaciones, con las que se construyó el proyecto, para evaluar y hacer modificaciones, si se da el caso.

Unas 20.000 trabajadoras sexuales en situación vulnerable registró la Fundación Esperanza en un estudio.

Rojas explica que frente a esta situación el MSP asumió la necesidad de “organizar el trabajo sexual”, con modelos que permitan considerar a la trabajadora como una persona con derechos. La funcionaria afirma que cambiar el modelo de carné obedece a que antes las trabajadoras se encontraban en una situación incómoda, porque “el carné que se utilizaba era estigmatizante, discriminatorio y las habilitaba como objetos sexuales sin guardar su intimidad”.

Lo que utilizan ahora es una tarjeta de salud en donde aparecerá el número de cédula, mientras que los nombres y apellidos serán colocados obedeciendo a criterios de confidencialidad establecidos por el Programa del Sida.

Pero según la “Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Integral a Trabajadoras Sexuales”, la tarjeta de salud no debe ser considerada como un requisito para ejercer esta labor. La responsabilidad de las trabajadoras sexuales consiste en buscar que este documento sea constancia del cuidado de su salud. Además, el carné no tiene carácter represivo y puede ser revisado solo por personal médico del MSP; queda prohibido que alguna persona o incluso funcionarios de otras dependencias, como comisarios, Policía, Migración, administradores de casas de tolerancia, FF.AA., etc., soliciten su presentación.

Para Saskia, trabajadora de una casa de tolerancia ubicada en el barrio Iñaquito, este último punto es el más importante. Ella considera que es responsabilidad de cada una el velar por su propia integridad y que ninguna trabajadora sexual puede descuidar su salud y, por lo tanto, tendrán su carné al día. Y a la par recalca que no hace falta mostrárselo a nadie, “es una manera de asumir nuestra propia responsabilidad y saber que no nos cuidamos porque nos obligan, sino porque nos queremos a nosotras mismas”.

En cambio a Fedra le resulta indiferente este beneficio. Dice que no puede acceder a estos servicios porque “no es legal”, ya que trabaja en las calles y no está registrada, pero que prefiere no contar con el carné porque el obtenerlo implicaría trabajar para alguien que le quitará su dinero. “Prefiero hacerme los exámenes por mi cuenta y no que me conozcan como trabajadora, porque allí empiezan los problemas y salgo perdiendo plata. No tengo carné, pero nadie me pide, así que da lo mismo”, indica.

Simón, asiduo cliente de los burdeles de la Eloy Alfaro, en las afueras de Quito, sí es de los que solicita el carné, así es que para él la nueva disposición es un “atentado a la seguridad sexual del usuario”, porque ya nadie garantiza que las trabajadoras no tengan enfermedades.

Un total de 12.000 trabajadoras sexuales existen, aproximadamente, en el país, según el Ministerio de Salud.

Juan Encalada, estudiante de Marketing de la Universidad Israel, afirma que esto no debería afectar a los usuarios porque cada uno de ellos sabe que hay riesgos al estar con una trabajadora sexual. Es más, aplaude la iniciativa porque cree que, de esta manera, las personas acudirán en menos proporción a los burdeles: “Así, por miedo, nadie va a ir donde esas señoritas y bajarían los índices de infecciones por transmisión sexual y de sida”.

Patricio Enríquez, empleado de una empresa de comunicación, cree que en ciertos casos sí sería necesario que las trabajadoras sexuales presenten sus carnés, como por ejemplo a los empleadores o a los clientes. Enríquez comenta que solo a los policías o ciertas autoridades se les debe restringir el acceso a los carnés, para evitar posibles extorsiones a las chicas.

Por su parte, Carmen Reynoso, especialista en Violencia y Género del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), afirma que la posición de este órgano es el de defensa de las trabajadoras sexuales como parte del grupo femenino del país. Explica que dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades, los derechos específicos de las mujeres constituyen un sistema propio de atención.

Para ella, la normativa de procedimientos de salud para las trabajadoras sexuales constituye un instrumento para defender una parte de los derechos que se vulneran a diario en este grupo social.

Reynoso añade que el ser trabajadora sexual no debería ser obstáculo para un tratamiento integral cuando se vulneran sus derechos, “deben tener acceso a prevención, atención especializada, defensoría, seguridad, a la sanción del caso”.