El Gobierno de Rafael Correa solicitó ayer a Estados Unidos la repatriación del ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz, condenado a muerte en ese país por el supuesto delito de asesinato; y lo hizo a través de los ministros de Justicia, Gustavo Jalkh y de Gobierno, Fernando Bustamante, con el argumento de que el imputado no podía ser deportado a los Estados Unidos, pues tiene doble nacionalidad y la deportación no se aplica entre los dos países. 

“No podía darse la deportación; es un acto jurídico nulo, y si ese acto jurídico es nulo y si es la base para la continuación de otros actos jurídicos en otra sede (EE.UU.) esas consecuencias de esos actos también deberían ser nulas”, aclaró Jalkh.

Serrano fue deportado el 31 de agosto de 2002. En diciembre de 2008, el Ministerio de Justicia contrató a Marcia J. Silvers, especialista en apelaciones en materia de pena de muerte,  para que analice la apelación a esa sentencia presentada por la defensa. “Hemos contratado a los abogados que están haciendo las gestiones pertinentes ante la justicia norteamericana apelando la sanción impuesta a la pena de muerte”, anotó Jalkh y aclaró que cuando se produce la apelación se suspende el proceso y se presentan las pruebas y argumentaciones jurídicas para evitar la sanción. “Puede haber varios resultados… Que la pena pueda ser cambiada por otra o que el proceso sea declarado nulo, que es a lo que aspiramos”.

Jalkh y Bustamante presentaron el informe de una comisión interinstitucional que analizó el tema, y fue entregado tanto a los abogados de Serrano en EE.UU. como a la Fiscalía en Ecuador para que “inicie las investigaciones de las eventuales responsabilidades de quienes participaron en la toma de decisiones que afectaron los derechos de un ecuatoriano”.

Esto último fue una recomendación de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar las responsabilidades y el grado que tienen las mismas, por parte de las autoridades ecuatorianas.